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TEPJF perdonó al PRI lo que sancionó a Morena, crítica INE

TEPJF perdonó al PRI lo que sancionó a Morena, crítica INE
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Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acataron quitarle gastos y rebajarle multas al gobernador electo de Coahuila, Miguel Angel Riquelme, pero advirtieron que el Tribunal Electoral aplicó doble rasero, porque le perdonó al PRI lo mismo que sancionó a Morena y está provocando la “simulación” en las erogaciones de representantes de casillas.

En la sesión del Consejo General, el representante del PRI ante el instituto, Alejandro Muñoz, criticó el “heroísmo justiciero” de algunos consejeros electorales, que aumentaron los gastos de campaña de Riquelme, pero se congratuló de que el INE tenga un órgano revisor de sus decisiones, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, le replicó que no se condujo con ánimo justiciero, sino con una convicción de actuación imparcial, objetiva e independiente.

“El mismo criterio seguimos” en todos los casos, pero “unos se confirmaron como extemporáneos y otros no. Quien no tiene el mismo criterio son otros. Nosotros no”.

Previamente, en relación con los comprobantes presentados por el PRI para demostrar que no pagó a más de 300 representantes de casilla, señaló que el Tribunal aplicó un rasero distinto, porque sancionó a Morena con el pago de 773 mil pesos por la presentación extemporánea de esos documentos.

E insistió en que sí era legal sumarle a Riquelme más de un millón 400 mil pesos en la producción de videos –erogaciones borradas por los magistrados— porque nunca se acreditó su producción, ya que se presentó una factura de la empresa Atelier Espora para comprobar varios gastos.

La consejera San Martín advirtió que es una “mala noticia” que la Sala Superior haya permitido que el PRI comprobara el no pago a representantes de casilla con documentos extemporáneos, ya que se trata, además, de dinero que no se puede fiscalizar, porque se reparte en efectivo.

Eduardo Aguilar, representante del PAN, atribuyó las fallas que permitieron bajarle los gastos de campaña a Riquelme a la Unidad Técnica de Fiscalización y señaló que “no podemos llegar al 2018” con su titular, Eduardo Gurza, quien por cierto no asistió a la sesión y se especulaba que ya había presentado su carta de renuncia.

El consejero Benito Nacif también expresó que son inquietantes las resoluciones del Tribunal, porque implican bajar los estándares de comprobación y generar la simulación de los partidos políticos que pueden no justificar gastos en el pago a representantes de casilla que antes sí se declaraban, pero que dejó de hacerse desde que cuentan para gastos de campaña.

La secuestradora y el debido proceso

Marco Antonio Baños defendió el trabajo de Gurza y aplaudió la sentencia del Tribunal Electoral, porque ha “actuado con absoluta imparcialidad”. En ello coincidió su colega Enrique Andrade.

El representante del PRI presumió que “aun con esa fiscalización el PRI no rebasó los topes de gastos de campaña. Debe estar tranquilo el INE en esta fiscalización que realizó”.

Jorge Herrera, representante del Partido Verde y aliado del PRI, también reconoció la labor del Tribunal Electoral, porque borró gastos a Riquelme y argumentó que el PRI no tuvo oportunidad de aclararlos ante el INE.

“En este país salió una secuestradora porque se incumplió el debido proceso. No podemos soslayar un derecho cuando esto conlleva la imposición de una sanción”.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, les replicó que apretarán la fiscalización en 2018 y firmarán un convenio con las administraciones globales de redes sociales para evitar que por formalismos se impida tomar determinaciones sobre los gastos.

Así aludió a las erogaciones en Facebook que el Tribunal Electoral le descontó también al PRI en las elecciones de Coahuila.

“Vamos a la fiscalización más exhaustiva”, les advirtió, y prometió que exigirán a los actores que cumplan con la comprobación de sus gastos. “Vamos a incrementar los mecanismos de transparencia para evidenciar quiénes son los candidatos que no cumplen en tiempo real. Eso nos complica la fiscalización”.

Vía La Jornada

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